En Perspectiva

Los ingenieros piden que las licitaciones de obra pública prioricen la calidad sobre el precio

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se está tramitando en el Parlamento, va a afectar muy directamente al sector de los ingenieros, que está reclamando que en los concursos de obra pública se prime la calidad técnica frente al precio para evitar la ingeniería ‘low cost’.

Durante las III Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia celebradas en Madrid hace unas semanas, el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las 11 principales empresas de ingeniería española, trasladó a representantes de los cuatro principales partidos políticos sus reclamaciones sobre lo que debería incluir el texto legal.

La principal fue la de revertir el peso que tiene actualmente el precio a la hora de resolver un concurso de obra pública a favor de aspectos relativos a la calidad técnica de las propuestas. En concreto, el Fidex pidió que la calidad suponga un 80% de la valoración de las ofertas a la hora de adjudicar un proyecto.

Así, añadió, se evitaría lo que el presidente del Foro, Leonardo Benatov, calificó como “envilecimiento de las condiciones para concursar” y que las licitaciones se conviertan en auténticas subastas, donde se busca el precio más bajo en detrimento de la calidad y donde prevalecen las “bajas temerarias”. De hecho, el Fidex propuso poner un coto a esta práctica y que las bajas no puedan superar los cinco puntos porcentuales sobre la baja media de las ofertas presentadas.

Además, otro reclamo importante del Fidex para incorporar a la ley es la utilización de concursos restringidos, al menos para los contratos superiores a los 300.000 euros. Esta modalidad consiste en realizar una primera selección de entre cuatro y ocho empresas en función a criterios objetivos, como sus capacidades económica y técnica, su experiencia o sus estándares de control de calidad y medioambiental.

Los concursos restringidos ya están contemplados actualmente en la ley española, pero siempre han sido obviados, mientras que son los preferidos en la Unión Europea, Estados Unidos, el Banco Mundial y otros organismos internacionales.

El texto del proyecto de ley que se debate en el Congreso reconoce en su preámbulo que este procedimiento es “especialmente apto para la adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura”. Sin embargo, el articulado no hay ninguna disposición que garantice su preponderancia.

Las entidades gubernamentales españolas, se recordó en las III Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia, apenas atienden a la calidad de los proyectos en sus licitaciones y basan la adjudicación preferentemente en el precio. Esto tiene como consecuencia los extendidos modificados de obra y los infames sobrecostes, que son un foco de corrupción, por lo que acaban afectando al bolsillo de todos los españoles.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es actualmente la que menos peso otorga a la oferta económica con un 51% del total (aunque hasta hace unos meses era del 75%). Mientras que en el otro extremo está AENA, la empresa encargada de la gestión de los aeropuertos, que aplica el método de subasta sin paliativos, adjudicando los proyectos a la oferta más baja exigiendo un mínimo de acreditación técnica.

El director general del Fidex, Fernando Argüello, advirtió de que “la situación puede agravarse si la ley que surja tras el debate parlamentario no cumple con estos mandamientos para poner fin a la ingeniería low cost y a las subastas, que provocan posteriores sobrecostes, imprevistos y retrasos en los plazos de ejecución. Dinero que pagamos todos los contribuyentes”.

Los ponentes del PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos que participaron en las Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia se mostraron favorables a incorporar estos reclamos a la ley, que debe trasponer a la legislación españolas varias directivas europeas aprobadas hace tres años.

La Ley de Contratos del Sector Público debía haber sido aprobada a más tardar el 18 de abril del año pasado, pero se ha demorado debido a la incertidumbre política que vivió España en 2016, con el gobierno varios meses en funciones, y ahora se está tramitando con celeridad en el Poder Legislativo.

La norma es una de las más importantes para la economía española, ya que según datos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se aplica a unos 125.000 contratos al año por un valor que equivale al 10% del Producto Interno Bruto nacional.

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