En Perspectiva

Nueva ley de autónomos

Nueva ley de autónomos: novedades y temas pendientes

La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de junio la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, iniciada por Ciudadanos y aprobada por la gran mayoría de grupos parlamentarios. El objetivo de esta reforma laboral es mejorar las condiciones laborales de aquellas personas que trabajan por cuenta propia.

La cotización, la maternidad, la pluriactividad y los cambios de base son algunas de las medidas que se van a reformar gracias a esta nueva ley. Pero veamos más a fondo en qué consisten. Por ejemplo, la base mínima de cotización de los autónomos se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de forma anual. Por otro lado, esta ley modificará también el reglamento en el que las empresas se inscriben, dan de alta, de baja o se varía cualquier dato relacionado con los trabajadores en la Seguridad Social. Es decir, la persona que trabaje por cuenta propia podrá darse de alta o baja hasta tres veces, en cada año natural. La base de cotización también será modificada. Así, los autónomos podrán cambiarla hasta cuatro veces al año (actualmente son únicamente dos).

Podemos decir que la reforma más importante que se modificará en esta ley es la referida a la maternidad. Las autónomas que se vuelvan a incorporar al trabajo en los dos años siguientes tras una maternidad, adopción, acogimiento o tutela se podrán acoger a la tarifa plana de 50 euros durante 12 meses tras la fecha de la reincorporación.

Otras de las muchas medidas que se contemplan en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo son:

Bonificación al 100% durante 12 meses la cuota de los autónomos que tengan que cuidar de menores o dependientes.

Los autónomos pueden deducirse el 20% de los gastos en suministros de agua, gas, electricidad y telefonía cuando trabajen desde su casa.

Los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros diarios por gastos en dietas y manutención (48,08 euros si es en el extranjero), siempre que el pago esté hecho por medios telemáticos para que pueda quedar acreditado.

Se podrá compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con la prolongación de la vida laboral para el empleo por cuenta propia.

Se reducen los recargos que penalizaban a los autónomos por el retraso en el pago de la cuota: durante el primer mes de desfase en el pago, la penalización pasa del 20% al 10%.

La Seguridad Social devolverá de oficio el exceso de cotización de las personas en situación del pluriactividad sin que esta tenga que realizar la solicitud de la devolución.

Se incluye el accidente in itinere, es decir, si se produce durante el desplazamiento de los profesionales autónomos a su puesto de trabajo.

Se aprueban mejoras para la formación en prevención de riesgos laborales.

Se mejoran las condiciones del emprendimiento para los trabajadores con discapacidad.

Se permite que los autónomos contraten a sus hijos que estén en situación de discapacidad.

EN EL AIRE…

Aunque son muchas las reformas que se van a llevar a cabo, todavía quedan cuestiones por resolver. Algunas de estas cuestiones son la posibilidad de que los autónomos no tengan que pagar una cuota fija anual si no llegan al salario mínimo interprofesional.

Aunque se puede elegir la base de la cotización, sigue sin resolverse que la cotización el autónomo se vincule a los ingresos reales. Además, la base de la cotización mínima supone también una pensión por jubilación mínima. Es decir, los autónomos jubilados reciben 500 euros menos al mes. En este sentido, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, ha anunciado que intentará introducir en las enmiendas  la reforma del RETA para vincular las cotizaciones con los ingresos reales, y así de paso  la pensión con esa cotización.

El llamado “paro de los autónomos” también queda en el tintero todavía. Aunque pedirlo es voluntario, si una persona que trabaja por cuenta propia desea esta prestación, deberá realizar un pago extra durante la actividad laboral además de la cotización mínima. Para ello, se necesita demostrar que la clausura de la actividad se ha producido por motivos económicos o de organización. En la mayoría de los casos acceder a esta prestación es casi imposible.

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