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Obsolescencia programada y su impacto ambiental

El Parlamento Europeo se rebela contra la obsolescencia programada y su impacto ambiental

La obsolescencia programada es un secreto a voces. Aunque las empresas fabricantes lo nieguen, todo el mundo sabe que los productos manufacturados están hechos para no durar. Desde los coches hasta las planchas tienen una fecha de caducidad más bien corta. El progreso, en vez de hacer las cosas de mejor calidad y más resistentes las fabrica cada vez más frágiles. No es algo casual. Están hechas para dejar de funcionar bien en pocos años y así el consumidor debe volver a la tienda y comprar un sustituto. Es lo que se denomina “obsolescencia programada”.

Es un tema que lleva en el candelero muchos años y los ciudadanos lo hemos ido asumiendo con resignación. Ahora, el Parlamento Europeo parece querer tomar cartas en el asunto. El pasado mes de julio aprobó un informe sobre la obsolescencia programada e instó a la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, a que tome una serie de medidas destinadas a incentivar una mayor durabilidad de los productos.

El concepto de obsolescencia programada fue formulado en Estados Unidos en la década de 1930, durante la etapa Gran Depresión. Fue formulada como un mecanismo para impulsar el consumo y así salir de esa crisis económica.

Pero ya unos años antes, en 1924, un grupo de empresas eléctricas, incluidas Phillips y General Electric, llegaron a un acuerdo para limitar la duración de las bombillas de filamentos a unas 1.000 horas, en vez de las 1.200 que ya les permitía la tecnología de entonces.

En la actualidad, la obsolescencia programada llega a todos los ámbitos. Un estudio realizado hace unos años por el Centro Europeo del Consumidor incluía varios ejemplos. Mientras que los antiguos televisores de tubos catódicos podían durar hasta 15 años, los actuales no pasan de 10. El 80% de las lavadoraS incorporan cubetas de plástico, fácilmente rompible, en vez de acero inoxidable. A los 2.500 lavados se estropean. Su duración media es de 10 años. Las de los teléfonos móviles 20 meses.

Más evidencias: hace un siglo las medias de nylon les duraban a las mujeres toda la vida, ahora unas pocas semanas. Los coches duraban hace cinco décadas el doble que ahora.

El Parlamento Europeo, en su informe, también ha hecho referencia al software, que en ocasiones también deja de funcionar después de un tiempo y hay que comprar e instalar la nueva versión.

En Nebraska, en Estados Unidos, muchos granjeros han protestado por los fallos del software de sus tractores, que les obligan a realizar cambios de piezas en talleres certificados, a menudo ubicados a varias horas de sus granjas. Muchos han empezado a hackear sus vehículos para hacerlos funcionar.

En el entorno europeo, Francia ha sido pionero en aprobar una ley que castigaba la obsolescencia programada. El castigo puede llegar a los 300.000 euros de multa y los dos años de prisión. Pero aunque la ley fue aprobada en 2014, la primera denuncia se produjo en septiembre pasado, cuando una asociación de consumidores acusó a varias marcas de impresoras de reducir deliberadamente la vida útil de éstas y de los cartuchos.

Y es que no es fácil demostrar estos defectos intencionados. Los fabricantes los niegan, pero lo cierto es que nuestras compras Se estropean antes que hace unas décadas, pese a los avances técnicos. Además, una vez estropeadas, es casi imposible repararlas.

Tornillos de seguridad que sólo sirven para cerrar y no para abrir, inexistencia de baterías de recambio, aparatos imposibles de desmontar sin inutilizarlos… Y no sólo es el viejo mantra de “cuesta menos comprar uno nuevo que repararlo”. Es que ya ni siquiera existe esta segunda opción.

Es cierto que ahora muchos aparatos son más asequibles que hace unos años y que en algunos casos, esa menor calidad es consecuencia algunas veces del afán por reducir costes y, por tanto, precios. También lo es que, en un modelo económico como el actual, basado en el consumo desaforado, muchos puestos de empleo dependen de la continua renovación de los bienes de consumo.

Pero no es sólo una cuestión de derechos del consumidor. Se trata también de un problema que afecta, y mucho, al deteriorado medio ambiente. Cada año se producen millones de toneladas de desechos con productos que han dejado de funcionar. Algunos de ellos, además, contienen residuos de materiales contaminantes. La ONU estima que sólo la industria tecnológica genera 41 millones de toneladas de residuos cada año.

Mucha de esta basura electrónica acaba en países del tercer mundo para su procesamiento, que se lleva a cabo sin las debidas garantías medioambientales y laborales.

Entre las propuestas del Parlamento Europeo están las de un sistema de etiquetado donde se indica la garantía de caducidad de los productos, incentiva las reparaciones y las ventas de segunda mano (se estima que con un crecimiento de 1% en los sectores de mantenimiento y reparación arrojaría un beneficio de 6.300 millones de euros), la obligatoriedad de ofrecer piezas de repuesto y la posibilidad de acudir a un reparador independiente y de intercambiar las partes esenciales del producto, como las baterías y pantallas de los móviles.

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